Las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) son empresas privadas que participan en un sistema de servicio social, facultadas para administrar el Plan Básico de Salud, el cual es diseñado, definido, actualizado y aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social, conforme lo establece la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Las peticiones de aumento de tarifas, honorarios y cualquier ajuste en el catálogo de prestaciones de servicios que sostiene la agenda de algunas sociedades médicas, así como galenos de la provincia La Romana están fuera del campo de acción y decisión de las ARS, ya que son de absoluta competencia del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), único órgano autorizado y acreditado para tomar esas decisiones de acuerdo lo establece la ley.
Las posturas asumidas por este colectivo de galenos ponen en peligro la mayor conquista social del país y perjudican de manera directa a los más de 3,000,000 de afiliados en el Plan Básico de Salud del Régimen Contributivo. Limitan y suspenden su derecho al acceso a servicios de salud, a la vez que los obligan a acogerse a la modalidad de pago directo a sus médicos, lo que representa un impacto en su economía familiar.
En virtud de la Ley No. 87-01, todo lo relacionado al establecimiento de tarifas y honorarios depende del per cápita que se dispersa mensualmente a las ARS por cada afiliado del Régimen Contributivo, que es aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), como máximo órgano rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social. De modo que las peticiones de incremento de tarifas y honorarios realizadas por algunas Sociedades Médicas Especializadas, aún proceda para mejorar sus remuneraciones y dignificar la gran labor que realizan los profesionales de la salud, escapan de la facultad de las ARS.
Hace justamente un año, mediante la Resolución No. 533-01 del 8 de octubre de 2021, el Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó un incremento del per cápita del Plan Básico de Salud del Régimen Contributivo, con una partida destinada para:
– Un aumento del 20% de los honorarios por procedimientos médicos, incluyendo a ayudantes quirúgicos y anestesiólogos;
– Una nivelación de tarifas de un 35% para los anestesiólogos previo al incremento antes indicado;
– Un aumento de 30% para los honorarios por interconsulta en hospitalización.
Las actuales exigencias desestabilizan el equilibrio financiero del sistema de salud vigente, representando un impacto de más de RD$9,000 millones de pesos, lo cual pondría en riesgo la permanencia del Sistema Dominicano de Seguridad Social, hecho que se acentúa por las actuales condiciones económicas que atraviesa el mundo y que la República Dominicana no escapa de ello.
Las asociaciones firmantes llamamos a la reflexión y a agotar las vías oficiales, así como los procesos correspondientes con el objetivo de llegar al consenso deseado, en donde predomine siempre el bienestar y cuidado de los afiliados, así como la sostenibilidad financiera del Sistema Dominicano de Seguridad Social.